El estudio del CICR revela que el 76% de las víctimas son civiles, incluyendo un número significativo de niños, niñas y adolescentes.
La desaparición forzada continúa siendo una lacerante realidad y el departamento de Antioquia es uno de los más afectados por este flagelo. Miles de familias viven con la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos, víctimas de un conflicto armado que, aunque ha disminuido en intensidad, sigue dejando profundas heridas.
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Según un reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entre 2016 y 2024 se documentaron 1.730 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados y la violencia en el país. Esto significa que, en promedio, cada día y medio desaparece una persona.
El estudio del CICR revela que el 76% de las víctimas son civiles, incluyendo un número significativo de niños, niñas y adolescentes. Además, la mayoría de los desaparecidos son hombres buscados desesperadamente por sus familias.
Los departamentos más afectados por esta problemática son Antioquia, Chocó, Arauca, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo, donde se concentra el 90% de los casos.
Las razones detrás de estas desapariciones son múltiples y complejas. Desde desapariciones forzadas perpetradas por grupos armados, hasta privaciones de la libertad y reclutamientos ilegales, pasando por desplazamientos forzados y muertes sin identificar.
El derecho internacional humanitario establece claramente la obligación de las partes en conflicto de prevenir las desapariciones, incluso aquellas que no son intencionales. Los actores armados deben garantizar el contacto familiar de las personas privadas de la libertad y facilitar la búsqueda de los desaparecidos.
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A pesar de que la organización tiene toda la disponibilidad de seguir trabajando para dar respuestas a las familias, considera importante que el Estado colombiano establezca una alternativa exclusivamente humanitaria y extrajudicial para la búsqueda de estas personas. En este sentido, el CICR no encuentra otra opción que la ampliación del mandato temporal de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), que por ahora sólo puede abordar los casos ocurridos hasta el 1 de diciembre de 2016.