La violencia en Colombia no cesa ni siquiera en los días de fiesta. El concejal electo de Tuluá (Valle del Cauca) Eliecid Ávila falleció en la madrugada de este martes 2 de enero, tras recibir varios disparos durante la noche de año nuevo. Ávila estaba celebrando con su familia, en una casa en el barrio La Victoria, cuando dos sicarios entraron de forma violenta a la vivienda y atentaron contra su vida.
Después del ataque, el político del Partido Conservador, que recibió los disparos horas antes de posesionarse en su tercer período en el Concejo, fue trasladado al hospital Tomás Uribe Uribe. Allí recibió primeros auxilios, fue operado de emergencia y tuvo que ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos. En la madrugada del martes 2 de enero, su familia confirmó su muerte mediante un comunicado de prensa e informó que en las próximas horas compartiría a la comunidad el lugar de las exequias.
Ávila, un odontólogo graduado de la Universidad Estatal de Guayaquil que incursionó en política tras hacer brigadas de salud dental en barrios empobrecidos de Tuluá, fue asesinado después de que los miembros del Concejo acordaron que sería su presidente durante 2024. Había obtenido la reelección a finales de octubre pasado con 1.250 votos, equivalente a 1,36% de la participación. Llegó al Concejo en 2016, tras ser elegido por primera vez en 2015 y haber ejercido como secretario de Salud del municipio entre 2008 y 2014.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lamentó el asesinato del político en su cuenta de X: “Paz en la tumba del concejal Eliecid Ávila y mi solidaridad con su familia en este difícil momento causado por violentos”. Toro, que este lunes tomó posesión de su cargo, convocó a consejo de seguridad urgente en Tuluá “para abordar la problemática de delincuencia del municipio”. La política del partido de La U le exigió a la policía del departamento la pronta captura de los sicarios y reiteró la entrega de una recompensa de 50 millones de pesos (unos 13.000 dólares) a quien ayude a encontrarlos. Tras el encuentro, las autoridades del departamento ordenaron la intervención inmediata del Ejército en las zonas urbana y rural de Tuluá. La policía local confirmó que un menor de 17 años habría sido instrumentalizado para cometer el crimen.
En entrevista con W radio, Toro reconoció que en la llamada “capital del corazón del Valle”, una ciudad de 220.000 habitantes, hay un grave problema de extorsión. “Se sabe que desde las cárceles han generado esta situación, incluso, el alcalde está amenazado y no pudo hacer campaña”, aseguró Toró. Y añadió: “Quien está generando esta problemática en Tuluá está fuera del Valle del Cauca”. La política, además, explicó que Ávila estaba amenazado y habían disparado varias veces contra su casa.
El representante a la Cámara por el Valle del Cauca Duvalier Sánchez también rechazó el asesinato de Ávila: “Lamento mucho el homicidio del Concejal Eliecid Ávila producto de un ataque sicarial. Mi solidaridad con su familia. En Tuluá las organizaciones criminales se sienten con la capacidad de desafiar la institucionalidad. En debate de control político que lideramos en el Congreso demostramos como ni la Alcaldía, ni la Gobernación, ni el gobierno nacional han hecho lo suficiente para cambiar esta situación de inseguridad, extorsión y miedo”.
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El congresista Sánchez se refiere a la violencia que durante el último año ha aterrorizado a Tuluá. En el municipio, catalogado como de riesgo extremo por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación Paz y Reconciliación, hacen presencia bandas de narcotraficantes, pandillas de delincuencia común y disidencias de las Farc.
En una misma semana de junio de 2023, por ejemplo, hubo ocho asesinatos en la ciudad, entre ellos, dos funcionarios de la Dirección de Tránsito y Transporte y un líder social. En ese momento, las autoridades nacionales y departamentales lideraron un consejo de seguridad en el que anunciaron un incremento en el número de policías en Tuluá y una comisión de inteligencia para la investigación de casos. Sin embargo, la violencia no cesó.
En septiembre, las emisoras locales Mundo 89 FM y La Voz de los Robles 1490 AM suspendieron la transmisión de sus noticieros debido a amenazas de pandillas. “Nos sentimos solos”, dijeron en un texto en el que explicaron su decisión. Unos días antes, un grupo criminal autodenominado Los Cancerberos había declarado como objetivo militar a cinco medios de comunicación. Querían forzarlos a publicar sus comunicados, a convertirse en sus voceros. La semana previa a que las emisoras dejaran de transmitir, los Cancerberos habían atentado contra las instalaciones de los juzgados de Tuluá con explosivos. No hubo fallecidos.
El nuevo alcalde, Gustavo Vélez, se posesionó el lunes tras haber hecho campaña confinado en su casa, con muy pocas actividades públicas. Copartidario del asesinado Ávila, recibió panfletos exigiendo su salida de la ciudad. Su sede política fue objeto de atentados, dispararon contra una vivienda en la que se encontraba su hijo Juan Camilo y, ya electo, la Policía reveló un plan para asesinarlo. Alcalde entre 2016 y 2019, señaló como responsable de las amenazas a la banda La Inmaculada, también conocida como La Oficina, a la que ha acusado de imponer un monopolio ilegal en la venta de productos básicos como la cebolla.
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