Tuluá

“La popular”

Si ante un proyecto popular comienzan a murmurarse malquerencias, a sindicársele actos indebidos, a inventársele consecuencias nocivas inimaginadas, si esas personas (incluyendo las autoridades públicas) que se auto otorgan el título de guardianes de la moral, y que recientemente se les conoce como “gente de bien” siendo ricos o pobres, que prefieren el triste color gris a la polifonía incluyente de los colores del arco iris, pretenden y atacan la iniciativa social, todo indica que por ahí es la cosa, que el proyecto es importante y debe apoyársele.

Y es lo que está sucediendo con la toma pacífica de una caseta ferroviaria abandonada por el Estado en el parque del barrio Maracaibo de Tuluá, una construcción derruida y hasta hace poco habitada por indigentes y jíbaros que ha sido recuperada por jóvenes de bríos artísticos con la intención de volverla un centro de congregación cultural popular mediante iniciativas como una biblioteca pública, cine club al aire abierto, huertas autosostenibles, y otras acciones que le han valido el apoyo de la mayoría de los vecinos de la caseta que hoy es conocida como “La popular”.

En Cali ha sido un éxito comunitario la conversión de un CAI de la cuestionada policía, ubicado en el paso del comercio, hoy en el imaginario social el paso del aguante, en la biblioteca Nicolás Guerrero (en honor a un joven asesinado por el ESMAD) que el pasado 20 de julio la fuerza pública quiso arrasar. Juventud que va por fuera de la institucionalidad y quiere empoderar al pueblo como gestor de su destino, sin que sus acciones impliquen violaciones constitucionales, es lo que estamos viendo como una primavera democrática en los sitios donde el estallido social reciente tuvo fuerte repercusión. El corazón del Valle no podía ser la excepción, y por eso “La popular” va firme a pesar de que han intentado incendiarla manos oscuras mientras a la par es cercada por la fuerza policial que le toca hacer el retiro cuando se percatan que la dichosa caseta no pertenece al municipio ni al departamento sino a una entidad nacional en liquidación. Los vericuetos jurídicos parecen ser lo de menos frente al soporte social de lo que puede ser el germen del cambio generacional político que necesita la región. Tienen toda nuestra solidaridad.

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