jueves, marzo 21, 2019
AdministracionnacionalpoliticaTuluáValle del Cauca

“Se está lesionando gravemente el acuerdo de paz”: líderes y personalidades

31views

La decisión del presidente Iván Duque de objetar parcialmente -seis artículos- de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz trajo consigo un tsunami político. SEMANA conoció una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y a la Corte Penal Internacional, en la que más de 100 personalidades de la vida pública expresaron su preocupación por lo que consideran un golpe certero a la implementación de los acuerdos de paz y a la estructura de la JEP, que hace parte del sistema que busca reparar a las víctimas.

La misiva está firmada por los jefes de los equipos negociadores del acuerdo de paz en La Habana, es decir, Humberto de la Calle, por parte del Gobierno, y Rodrigo Londoño, Timochenko, del lado de las Farc. También por más de diez exministros como María Ángela Holguín, Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Juan Camilo Restrepo, Yesid Reyes, Alejandro Gaviria y Clara López. Y por los monseñores Darío Monsalve y Héctor Fabio Henao. La carta contempla un amplio grupo de expertos como Frank Pearl, exnegociador de paz; Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional y Gonzálo Sánchez, exdirector del Centro de Memoria Histórica. Así como parlamentarios de varios partidos políticos como Iván Cepeda y Jorge Enrique Robledo, del Polo; Angélica Lozano, Juanita Goebertus y Antonio Sanguino del Partido Verde; Sandra Ramírez y Pastor Alape, de la Farc; Ángela María Robledo, de la Colombia Humana y Aída Avella, de la Unión Patriótica.

En esta advierten que Duque tomó la decisión de objetar la estatutaria pese a que la comunidad internacional abogó en sentido contrario al respaldar la jurisdicción especial de paz. Recuerdan que en enero de este año y después de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU, los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron la necesidad de “respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz”, así como de darle el “apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas”.

También hacen memoria del espaldarazo de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, a la JEP, quien dijo que las aspiraciones de justicia de las víctimas deben ser atendidas “plenamente a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, una función que esperan que lleve a cabo la JEP y se “centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado”.

Este punto es álgido debido a que el presidente Duque objetó el parágrafo 2 del artículo 19, que justamente habla de los criterios de selección, porque “trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables”. Esto, a juicio del mandatario, constituiría impunidad.

La misiva también hace referencia a las palabras del vicefiscal de la CPI, James Stewart, quien en noviembre pasado insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo”, sin dilaciones ni obstáculos, y que una objeción se “podría constituir en un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”, lo que en plata blanca consiste en la posibilidad de que la CPI abra formalmente los casos de los falsos positivos en Colombia, esto pondría a Duque en jaque con los militares. Además, los firmantes de la carta, sostienen que las objeciones a la estatutaria son un palo en la rueda que intentan revivir “debates ya superados” en el Congreso, en donde a finales de 2017 se aprobó la ley estatutaria durante el fast track.

Y es que además de las objeciones, el presidente Duque anunció que su gobierno radicará ante el Congreso una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017, es decir, el que creó la JEP. Con esto piensan modificar de fondo tres aspectos. El primero, lograr que se excluyan los delitos sexuales contra menores de edad de la competencia de la justicia transicional. Segundo, que el que reincida pierda automáticamente todos los beneficios de la justicia transicional. Y tercero, que las conductas delictivas que hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 y sigan ejecutándose sean competencia de la ordinaria, es decir, que no se consideren delitos de ejecución continuada y que la Fiscalia pueda investigarlos.

Los firmantes de la carta aseguran que no solo son muy preocupantes las objeciones, sino que las reformas constitucionales que el Centro Democrático y el Gobierno anunciaron, lo consideran una “variación unilateral del acuerdo de paz”, además, un “desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP”.

Tampoco están de acuerdo con que el presidente objetara por razones de inconveniencia; aseguran que pretende desconocer la decisión de la Corte Constitucional, que ya revisó la estatutaria.“La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la ley estatutaria de la JEP que ha presentado el presidente de la república al Congreso, pese a que dicha ley ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esta ley”, se lee en la misiva

En caso de que el Congreso apruebe las objeciones propuestas por el presidente, la ley estatutaria tendría que volver a la Corte Constitucional para su revisión -lo que ya hizo durante un año-, y se prevé que se va a pronunciar en el mismo sentido que lo hizo en la sentencia que le dio vía libre a la estaturaria. Es decir, que además habría un choque de trenes con las cortes. Consciente de esa realidad, el presidente Duque aseguró en sus palabras que tiene el “mayor respeto” por la Corte Constitucional, en su papel de “guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”.

Si bien el presidente Duque no se refirió en las objeciones al juzgamiento de la fuerza pública, los firmantes de la carta recuerdan que este es un punto clave. Cabe recordar que el Centro Democrático ha impulsado la creación de una sala especial para militares en la JEP, debido a que creen que tal como está la jurisdicción no les ofrecen garantías de imparcialidad. “La Corte Constitucional ya precisó que el alcance de esta última expresión no significa que se pueda crear una jurisdicción ad hocencargada exclusivamente de investigarlos y juzgarlos a ellos”, explican.

Esta misiva prende las alarmas, precisamente porque allí se considera que tras obstaculizar la ley que reglamenta el funcionamiento de la JEP podrían presentarse escenarios en que la “falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad”, es decir, justamente se logre el efecto contrario, ya que Duque asegura que objeta para evitar que haya impunidad. Además, en la carta señalan que se pueden afectar las garantías de los derechos de las víctimas. Advierten que estos son “intentos de lesionar gravemente” la implementación del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP”.

 

www.semana.com

Leave a Response