El agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra, informó que en el Magdalena se ejecuta un plan de inversión que ronda los 198 mil millones de pesos para los próximos 5 años.
Lastra sostuvo que las labores establecidas dentro del plan de inversión corresponden a “reforzamientos de subestaciones, construcción de nuevas subestaciones, repotenciación de transformadores, reposición de transformadores de potencia, reposición de cable y mejora de los indicadores de calidad se tendrá un especial cubrimiento en las zonas que padecen un servicio deficiente como es el caso de la Zona Bananera. Sumado a que se mejorarán las zonas turísticas de la región que es donde está el desarrollo, donde se genera empleo y la competitividad”.
En cuanto al total de las inversiones para los próximos 10 años, se estima que 7.6 billones, de los cuales 50% estén destinadas a la gestión de calidad y el 47% en gestión de pérdidas y medida inteligente.
Con todas las jornadas que realiza el agente interventor y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se espera que disminuya en un 55% las horas de interrupción al año en los sectores industriales y en un 52% en las áreas urbanas.
“Mejoraremos el servicio de energía a las 10 millones de personas que habitan en la región para mejorar los indicadores de atención a los clientes, responderemos de manera más pronta y eficiente los problemas de energía que se presenten y estructuraremos esa solución que está a disposición de los interesados”. Puntualizó el funcionario.
En lo referente a un posible aumento de las tarifas, representantes de Electricaribe aseguraron que se presentó un expediente tarifario a la Comisión de Regulación de Energía, por lo que serán los encargados de determinar si se acepta la propuesta de las inversiones y una vez concluya esta revisión se sabrá cuál puede ser el eventual impacto en las tarifas.
Muchas son las instituciones públicas que mantienen una deuda con la empresa de electricidad; en el Magdalena el compromiso por cancelar del sector oficial ronda los 180 mil millones de pesos, en donde los deudores más importantes son los entes descentralizados como hospitales, colegios y algunas sedes administrativas municipales.
