¿Por qué los estudiantes de la Universidad Libre están en paro?

Una resolución expedida en diciembre pasado fue el detonante para que una gran parte de los estudiantes de la Universidad Libre, acreditada de alta calidad en 2016, decidiera suspender actividades y declararse en paro. El documento modificó los precios de matrículas, validaciones, habilitaciones, entre otros. Así por ejemplo, la matrícula anual de la carrera de derecho aumentó 10%. Pasó de costar $9.147.000 a $10.146.000; lo que afecta a los alumnos, que pertenecen en su mayoría a los estratos 1, 2 y 3.

Luis Herrera, quien se encuentra en etapa de preparatorios y finalizando la carrera de derecho, explicó a este diario  que la resolución también cambió el valor del curso de actualización que sirve para aprobar los preparatorios y poder obtener el grado como abogado. Pasó de costar cerca de $500.000 a $3.235.000 . Así mismo, los cursos intersemestrales o vacacionales, con los que los estudiantes logran no atrasarse un año más durante la carrera, cambiaron la forma de cobro. El precio que tenían, aproximadamente $500.000, pasó a ser calculado por número de créditos llegando incluso a los $800.000.

Ante la inconformidad de los estudiantes, las directivas de la universidad decidieron modificar parcialmente el documento el martes. El examen de habilitación, que había aumentado a $150.000 ahora vale $110.000, al igual que los supletorios. Los cursos intersemestrales y de actualización para los exámenes preparatorios, uno de los puntos más controvertidos, quedaron fijados ayer en $570.000. El incremento de las matrículas no cambió.

El rector de la Universidad Libre en Bogotá, Luis Jesús Hernando Álvarez Mora, le aseguró a El Espectador que el aumento de las matrículas se mantuvo porque lo considera “moderado”. Dice que el promedio de alza en los pregrados de Bogotá es del 4,7% y que la inflación estuvo en 4,1% por lo que, sumado a los gastos y las convenciones que tiene que atender la universidad, había que hacer un aumento “pecuniario razonable”. “Hemos hecho un gran esfuerzo financiero para no afectar a jóvenes y padres de familia y soportar una educación de alta calidad”, explicó Álvarez.

Pero esa resolución solo se convirtió en uno de los nueve temas que el estudiantado consignó en un pliego de peticiones y con el que se declaró en paro desde hace tres días. Así que continúa el cese hasta que se resuelvan sus solicitudes. Este miércoles muy temprano, los líderes de la actividad bloquearon el ingreso a la sede del Bosque Popular hasta donde llegó el rector Álvarez Mora, quien se mostró presto a hablar y concertar con los jóvenes.

Más tarde, una marcha se tomó la calle 26 de Bogotá hasta la sede de la Universidad Libre en el barrio La Candelaria. Ahí se espera que los estudiantes y las directivas concierten las inconformidades de la población estudiantil.  Algunas de las quejas de ésta tienen que ver con los recortes para semilleros de investigación y la inversión en arreglos y “adecuaciones estéticas” en el campus, como la instalación de fuentes de aguas, chozas, y adornos en los jardines, que son cambios “de forma, no de fondo”.

Exigen, por el contrario, que el dinero sea invertido en el mejoramiento de las bibliotecas y en la compra de libros. Los estudiantes se quejan, además, porque los computadores y los videos beams de las salas se dañan con frecuencia; porque no hay espacios de estudio, fuera de la biblioteca, protegidos del sol y la lluvia, adecuados con toma corrientes, acceso a buen servicio de wifi, con sillas de buena calidad y cámaras de vigilancia.

“Es nuestra universidad existen en Bogotá dos sedes, la biblioteca nos afecta a todos, pero en derecho, los estudiantes de la sede del Bosque Popular siempre tenemos que ir a La Candelaria para encontrar libros. No hay libros para la cantidad de estudiantes, solo hay dos o tres ejemplares por cada título. En la facultad de ingeniería la infraestructura es mala, los laboratorios no tienen con qué hacer sus procedimientos. Las otras facultades se unieron al paro, no solo somos los de derecho”, explicó a El Espectador Melissa Peralta, estudiante de quinto año de derecho.

“Algunos espacios de estudio han sido reemplazados por cafeterías donde los estudiantes no pueden estar si no consumen. Queremos que haya rendición de cuentas de manera que se comunique a la comunidad universitaria de la inversión, las razones para aumentos de matrícula, así como el destino que estos recursos están tomando, pues toda la comunidad universitaria tiene derecho a saber que se hace con ellos y a verificar que no sean desviados, pues se percibe que estos no se están reinvirtiendo correctamente… se están tomando decisiones arbitrarias”, agregan los estudiantes en su pliego de peticiones.

Herrera aseguró que todo esto muestra que, pese a que la Universidad Libre fue acreditada de alta calidad, no se cumplen las condiciones que debería tener. “Por ejemplo, la sede de Barranquilla está cobijada con esa certificación y no tiene biblioteca”.

Frente a esto, el rector de la seccional de Bogotá respondió a este diario que el director seccional de bibliotecas está presentando hoy un proyecto de modernización de estos espacios de estudio. “Vamos a dar una mayor dimensión para abarcar más servicios en la biblioteca, no solo el préstamo de libros sino al mundo virtual. Hay recursos para invertir y vamos a seguir invirtiendo”. Sobre el tema de Barranquilla, del que dijo no tener mucha información por ser el rector se Bogotá, afirmó que la universidad pretendía mejorar las instalaciones de esa sede pero se tuvieron dificultades con los contratistas.

La calidad de docentes es otro de los puntos. Según los universitarios, algunos profesores han sido “repetidamente mal evaluados por estudiantes y, pese a ello, continúan en la universidad”. Por lo que piden establecer “un cuerpo elite de profesores de alta calidad académica, con amplia experiencia reconocida”. El pliego de peticiones manifiesta una preocupación por la contratación de profesores jóvenes, con estudios de doctorado, pero sin experiencia que “generalmente toman la universidad como un espacio transitorio de práctica profesional”.

Al respecto, Álvarez dijo a El Espectador que la planta docente es calificada y comprometida y cuenta con una escuela de formación docente que los respalda en términos pedagógicos. Aunque sostuvo que la inmensa mayoría son profesores de alta calidad, reconoció que hay pocas “excepciones”.  “La continuación de los profesores que son mal evaluados también depende del contrato que tengan. La dificultad radica en los docentes que tienen contratos a términos indefinidos que se tratan de acuerdo al reglamento y las convenciones colectivas de trabajo. Además, la evaluación docente no se hace para excluir, sino para mejorar dentro de una mirada de inclusión”, concluyó el rector, quien reiteró que la institución cumplió con todas las condiciones exigidas para ser acreditada de alta calidad y pidió no recurrir a las acciones de hecho.

Fuente: elespectador.com

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