A través de una circular, la Procuraduría le exigió a los entes territoriales remitir obligatoriamente cada dos meses un reporte que evidencie las acciones adelantadas, los resultados y las medidas preventivas y correctivas adoptadas para asegurar que los recursos del Programa de Alimentación Escolar estén siendo correctamente ejecutados. Esto con el fin de hacer seguimiento detallado de los procesos. Si estos informes no son entregados, podrían ser investigados disciplinariamente, así lo explico el procurador delegado, Luis Adolfo Diazgranados.
Con la Circular No. 002 del 10 de enero de 2018 dirigida a los gobernadores, alcaldes y secretarios de salud de las entidades territoriales, el jefe del Ministerio Público exigió garantizar la idoneidad nutricional y sanitaria de los alimentos, que en virtud del PAE, se suministra a población vulnerable de las instituciones educativas en todo el país.
El jefe del órgano de control indicó que a los departamentos les corresponde monitorear y evaluar la ejecución de los planes y acciones de salud pública, y a los municipios dirigir y controlar en su territorio la calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo humano; ejercer vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la salud en los establecimientos educativos y hacer cumplir las normas sanitarias.
Carrillo Flórez recordó que los entes territoriales tienen la obligación de reportar de inmediato a las autoridades competentes cualquier irregularidad en los alimentos o en la ejecución del contrato que afecte la adecuada y oportuna prestación del servicio y que también existen obligaciones conjuntas con los rectores, coordinadores del programa, directivos, docentes, personal administrativo, veedurías ciudadanas y sociedad civil en el seguimiento y control del PAE en cada establecimiento educativo.
La Procuraduría busca asegurar la calidad del servicio con el fin de garantizar el derecho a la salud de la población cubierta, especialmente en lo que tiene que ver con la nutrición, evitar problemas de salud pública en distintas regiones del país, verificar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades territoriales, y generar alertas tempranas que permitan detectar irregularidades en los alimentos e incumplimientos en los contratos, con el fin de que se adopten las medidas preventivas y correctivas y proteger los recursos públicos asignados al programa.
WRADIO
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