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En vilo, obras para hogares de personas en condición de discapacidad

El estallido de un artefacto colocado por grupos armados ilegales a pocos metros de la que fue la casa de Arsene Pinillo, ubicada en medio de la selva de San José, corregimiento de El Charco, en Nariño, le provocó a la labriega una ceguera total. Fue un día de 2007, cuando la nariñense, de 39 años, no solo tuvo que resignarse a no ver de por vida, sino a abandonar su hogar donde la selva y el río Tapaje en el litoral Pacífico le proveían de alimentos para su sustento, el de su esposo, Wílmar Micolta, y el de sus dos hijos.

Los cuatro llegaron desplazados a Cali y aunque en el 2014 recibieron una casa en Llano Verde, un humilde sector del Distrito de Aguablanca, en el oriente de la ciudad y que fue otorgada por el Gobierno Nacional, a través del ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), con participación de la secretaría de Vivienda de la capital vallecaucana.

Pero el inmueble tiene carencias. Una de ellas es la falta del pasamanos de la escalera de ladrillo para evitar que Arsene se caiga como ya le ha ocurrido en algunas ocasiones cuando desea llegar al segundo nivel donde, además, está el baño que no cuenta con un piso antideslizante que prevenga nuevos accidentes, como también le ha ocurrido en su condición de discapacidad. Su casa, la número 8 en la manzana Q13, donde hay otras familias vulnerables por la violencia y por los desastres naturales, fue otorgada con un subsidio entregado por la secretaría de Vivienda municipal.

Me caigo repetidas veces porque no hay manera de caminar segura adentro de la casa

“Pero en me caigo repetidas veces porque no hay manera de caminar segura adentro de la casa”, dice la señora, mientras su esposo Wílmar, quien mantiene a su familia como obrero de construcción, señala que está a la espera aún de que la Nación y la Alcaldía de Cali, así como a la constructora que levantó el inmueble y a la caja de compensación familiar, cumplan con esas obras para que doña Arsene se desplace adentro del predio sin ningún tropiezo. De hecho, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali les ordenó en una acción de tutela instaurada por la señora Pinillo y su esposo, a Minvivienda, Fonvivienda, a la constructora y a la caja de compensación familiar realizar estas adecuaciones en un plazo de un mes, plazo que se cumplió a finales de octubre y que hoy sigue en veremos porque el proceso judicial pasó a impugnación por parte de los demandados en la Corte Suprema de Justicia.

Cali es una ciudad con alrededor de 150 mil personas en situación de discapacidad, gran parte de ellas, por enfermedades y por accidentes. No obstante, la discapacidad física por causa del conflicto armado tiene a las autoridades sanitarias atentas, pues muchas de estas limitaciones han sido por arma de fuego.

“No han hecho nada y he tocado puertas para que la casa sea terminada, pero sigue igual”, dice Wílmar al referirse a que es incierta la solución para romper estas barreras en la casa que le otorgó el Estado, el 28 de mayo de 2014.

ELTIEMPO