Los allegados de Norma Andrea Cardona Gómez no solo lamentaban ayer que, pese a que ella habría solicitado medidas de protección por violencia intrafamiliar, fuera asesinada.Tampoco entendían por qué el presunto responsable, su expareja, estaría libre, mientras la Fiscalía reúne pruebas para emitir la orden de detención.
“Se presentó una situación donde un joven llegó hasta allá a buscarla, como a las 6:30 a.m. ingresa y ahí se presentó la agresión con arma blanca”, dijo el coronel Guillermo Carreño, comandante de la Policía de Tuluá, a comienzos de esta semana.
La secretaria de Mujer del Valle, Adriana Londoño, encontró que hubo fallas en la ruta de atención a la mujer, que ya había denunciado. En esa denuncia y durante los descargos, Cardona dijo que el hombre la agredió delante de sus hijos.
Las autoridades informaron que no se tenía solicitud de medidas de protección. “La Comisaría de Familia no actúa de la manera que debe. El caso lo recibe una auxiliar administrativa, que es la que hace la conminación, la Comisaría manifiesta que por el volumen de trabajo que tiene le es imposible poder atender todos los casos, lo que hace que a la persona o a la víctima no se le den medidas pertinentes para haberse así evitado este feminicidio”, dijo Londoño.
Este año, 7 mujeres han sido asesinadas en Tuluá, en el centro del Valle del Cauca.
Hoy se cerraría el acta del caso cuando se hable con la otra funcionaria que lo atendió. “No sabemos por qué no aparecen medidas de protección, por qué no aparece el caso en Fiscalía, seguramente porque no fueron informados”, dijo Londoño.
ELTIEMPO
