El director regional del Inpec, Harvy Mosquera, le pidió al Concejo de Cali incorporar en el estudio de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2018 las partidas necesarias para sufragar los gastos relacionados con la atención de las personas privadas de la libertad, recluidas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Cali y Jamundí, en calidad de imputados o sindicados.
Se argumentó que, de acuerdo a la normatividad vigente (Ley 65 de 1993 Art. 17 y 19), la administración, custodia y vigilancia de estas personas es responsabilidad de la Administración Municipal.
En carta enviada a la presidente del Concejo, Tania Fernández, el funcionario señala que, a la fecha, la cárcel de Cali alberga 2.947 hombres sindicados, quienes generan un gasto mensual de 4.037 millones de pesos, equivalentes a 1,3 millones por interno.
“Si las Administraciones Municipales cumplieran su responsabilidad, se lograría dignificar y mejorar la calidad de vida de los internos”, dijo Mosquera.
ELTIEMPO