El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dio a conocer este viernes la creación de una mesa fronteriza para incrementar los controles contra el ganado de contrabando que ingresa desde Venezuela, con el objetivo de ponerle freno a la transmisión de la fiebre aftosa.
«El presidente de la República, Juan Manuel Santos, ordenó fortalecer el control y la erradicación del virus, especialmente en la frontera con Venezuela», expresó Iragorri.
El funcionario explicó que la orden fue dada luego de que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Panaftosa, estableciera, a través de análisis de laboratorio, que el virus en el país es de origen venezolano.
Entre las medidas adoptadas está redoblar los controles al contrabando de ganado. En los siete pasos fronterizos se implementarán «tapetes químicos para la desinfección preventiva».
De igual forma, se va a redoblar la vigilancia aérea y la presencia militar en tierra en pasos informales, así como también en los 73 puestos de control que existen a lo largo de la frontera.
Iragorri advirtió que el ganado de contrabando que llegue de Venezuela y sea detectado en los puestos de control será sacrificado. También se prohibirá el tránsito nocturno de bovinos en varias zonas de la frontera.
Las zonas de Colombia con registro del virus en algunos predios son Tame, Arauca; San Faustino, Norte de Santander, a 300 metros de la frontera con el país vecino; y Tibacuy, Cundinamarca.
Otra de las medidas es el pago de recompensas para que las personas denuncien el ganado de contrabando y así intentar frenar la expansión de la enfermedad a otras zonas del país.
El alto funcionario reconoció que aunque el sector ganadero se ha visto afectado seriamente, aún se mantienen las ventas de carne a otros países.
Iragorri reclamó el apoyo de los ganaderos para mantener una comunicación con el Estado y denunciar los hechos que puedan hacer crecer este problema.
El Ministro precisó que la salud humana no se ve afectada por la presencia de este virus en el país. Así las cosas, se señaló que en Colombia no existe ningún riesgo de salud pública.
FUENTE EL PAÍS
